0 comment
Roberto GonzálezSecretario General SUP GaliciaApril 122017

Somos funcionarios, no mercenarios

Dentro de la hoja de ruta del nuevo Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, está terminar con la filtración de información policial que pone en riesgo las labores de investigación y que causa un descrédito notorio a la Institución Policial, máxime después de las noticias que han transcendido en las últimas semanas sobre los Pino, Martín Blas o Villarejo y que tanto daño están haciendo a la buena imagen del colectivo. 

El pasado 1 de abril, varios medios de comunicación se hacían eco de los avances de la implantación de un nuevo servicio de mensajería corporativa a través de teléfonos móviles, similar a Whatsapp. El proyecto, en el que ha trabajado el área de Telecomunicaciones del Cuerpo, permitirá, a través de IMBox, transmitir información policial sensible, sin riesgo de filtración, al tener la DGP el control de los servidores. Esta aplicación, está pensada para instalar a través de los teléfonos oficiales pero también se puede usar en los dispositivos particulares. Esta opción, como no puede ser de otra forma, es voluntaria.

En el día de ayer, hemos sabido de los primeros pasos por parte de la Dirección General de la Policía por controlar las comunicaciones de los miembros del colectivo. Una instrucción, prohíbe a los integrantes de una Unidad, el uso de redes sociales en lo que a la difusión de contenidos de trabajo se refiere.  La DGP, trata de preservar la operatividad de los dispositivos, actuaciones y servicios prestados pero, sin embargo, parece no importarle demasiado lo más importante, la integridad física de sus agentes. 

Entonces, sino podemos usar aplicaciones que no estén controladas por la DGP para la transmisión de comunicaciones oficiales, es razonable que la propia Policía ponga a disposición de todos los agentes teléfonos oficiales y lógicamente, entendemos que tampoco echará mano de los medios particulares de los funcionarios para la comunicación de cambios de servicio de última hora, citaciones judiciales o notificaciones de cualquier tipo, cuando el Policía se encuentra libre de servicio. 

No es la primera vez que un Policía denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, las llamadas a su teléfono particular para comunicarle cuestiones relacionadas con el servicio, después de haber presentado una minuta solicitando dar de baja de los ficheros de la Comisaría su número de teléfono privado.  

Y es que somos funcionarios, no mercenarios.